Hace pocas semanas hemos asistido al inicio del fin de un déficit de la democracia norteamericana que se llamaba Guantánamo. Unos presuntos terroristas habían sido privados de derechos al ser recluidos fuera de las condiciones marcadas por el estado de derecho. Una decisión ejecutiva, del gobierno, lo había propiciado; pero ha sido una decisión del tercer poder, el judicial, el que la ha reparado o, al menos, parece que ha iniciado su reparación. El estado democrático, pese a sus imperfecciones, ha triunfado, el sistema de equilibrios de los 3 poderes han salvado una situación poco saludable democráticamente hablando.
Desde fuera del país han sido muchas las voces que han clamado contra esa barbarie. Unos con argumentos más sólidos que otros. España en general y su pretendida aristocracia intelectual progresista, en particular, han formado parte de las voces más beligerantes, pero hete aquí que ahora en una situación más peligrosa en el propio país, en España, no hay voces que clamen.
Nos referimos a la situación de piratería que se está produciendo en el Índico: la situación del secuestro del Alacrana.
Un secuestro por dinero se ha complicado hasta tal punto que cuando acabe España tendrá un marchamo democrático no al nivel de USA, sino a la de los vecinos de Guantánamo, es decir, ya tendremos la misma categoría democrática que la Cuba de Fidel.
En los principios está la clave… Apliquemos la navaja de Okan. Para llegar a buen término, que nuestros compatriotas (y sus compañeros de trabajo) salgan bien librados es preciso pagar un rescate y liberar a unos encausados. Cualquier democracia que se precie no debería consentir en pago de rescate alguno a terroristas y, los piratas lo son, … pero esa actuación ha estado siempre en las alcantarillas de la resolución de este tipo de problemas y, aunque moralmente no es asumible porque el dinero servirá generalmente para nuevos secuestros, visceralmente puede aceptarse como un mal menor para salvar vidas humanas.
¿Puede de igual forma aceptarse el segundo término de la ecuación? ¡No!, en modo alguno.
Los piratas encausados en España lo han sido con todas las garantías imputándoseles unos delitos conforme a derecho. En medio de la negociación los términos de la acusación se cambian. No es necesario ser jurista para saber que si alguien ha creado una asociación con fines ilícitos son ese grupo de piratas secuestradores, pero en medio del proceso se ha quitado esa imputación como medio de conseguir una rápida repatriación. Puede que ni aún así se consiga y haya que acudir al indulto para conseguir acabar con el secuestro.
En definitiva nuestro tercer poder se ha convertido en un apéndice más del poder ejecutivo.
Por lo que sin entrar a analizar más el asunto central cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Es España un país democrático?.
La respuesta es evidente, analizando la pregunta desde sus principios. Un país democrático es, ante todo, el que cuenta con un sistema político en el que existen tres poderes que constituyen un sistema de contrapesos para que no existan excesos por ninguno de ellos; y en última instancia es el poder judicial el que, articulado como un poder completamente independiente, administre la justicia de forma imparcial, justa y ciega.
La justicia española está claro que no debe ser así. Si lo estamos viendo en el Alacrana es porque este es una asunto muy mediático, en otros asuntos que no sean trascendentes probablemente será igual pero no podremos verlo o, mejor dicho, sólo lo podrán ver los que la padecen.
Puestos a tener una justicia que soluciones problemas ejecutivos propongo algunas otra posible adulteración de un sistema democrático Indulto y extradición para todos los inmigrantes recluidos en centros penitenciarios o que hayan cometido alguna falta o delito y no lo estén, con ello mejorará la situación económica.
